Pensemos ahora sobre la capacidad legislativa de los Estados.
Estos poseen el monopolio de la creación de leyes y
el monopolio de la autoridad e incluso de la violencia para hacer que estas se
cumplan para asegurar la protección del ciudadano y la estabilidad
de la sociedad. Puesto que hablamos de Estados democráticos,
tenemos que estar tranquilos porque la legislación está redactada por los representantes del pueblo y por tanto, siempre
estará orientada a conseguir el bienestar del ciudadano. ¡Falso!
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Cuando un Estado es pequeño,
de un tamaño razonable, se ocupa de cubrir sólo aquello
que es difícil que sea
cubierto por el sector privado y está regido por un sistema
verdaderamente democrático, con elecciones no dominadas por maquinarias de partido,
cercanas al ciudadano y muy centradas en el perfil de la persona que se
presenta a una elección. Un Estado donde los cargos políticos no se eternizan en su
función y observan la misma como un servicio público
transitorio y no como un "modus vivendi". En una sociedad con educación elevada y capacidad crítica y con un marketing político regulado
y limitado, es muy posible que buena parte de la legislación
sea verdaderamente positiva para la ciudadanía y sino es
así la propia presión popular y el ciclo democrático forzarán su modificación.